Durante el año 2025 tuve el honor de participar en dos de las cuatro mesas de diálogo propuestas por CODAPA en el Parlamento de Andalucía para tratar de impulsar un nuevo rumbo en la educación andaluza en materia de inclusión y atención a la diversidad.

 

 

Invitado por uno de los grupos parlamentarios, Iniciativa del Pueblo Andaluz, tuve el gran privilegio de poder trasladar a todos los grupos parlamentarios, sindicatos, inspección educativa y familias, mi visión sobre la educación inclusiva en Andalucía y su necesaria y urgente transformación.

De las cuatro mesas que se convocaron, cada una con una temática concreta, participé en dos de ellas: una primera, de forma presencial, en la que se habló fundamentalmente de la actual situación de la normativa andaluza en materia de atención a la diversidad.

A la cuarta mesa no pude asistir por problemas de agenda, pero envié mis aportaciones relativas al nuevo rol que deberían asumir los docentes de PT y AL.

En esta primera entrega os dejo mis aportaciones sobre la normativa andaluza:

Síntesis del documento entregado a la mesa: 

“Diagnóstico y Propuestas para una Educación Inclusiva en Andalucía”

Descarga el documento completo aquí

 

He querido comenzar planteando una idea sencilla pero fundamental: la normativa actual sobre inclusión en Andalucía está llena de contradicciones, vacíos legales, ambigüedades y una preocupante dispersión. Esto hace que, en demasiadas ocasiones, los centros se enfrenten a la atención a la diversidad con mucha confusión y con sobrecarga, sin contar con un marco normativo estable, actualizado y coherente que guíe las prácticas inclusivas.

¿Qué barreras impiden avanzar?

En el documento, he intentado hacer una radiografía de las principales barreras del sistema andaluz en relación con la inclusión educativa. Algunas de ellas son especialmente preocupantes:

  • Normativas obsoletas como el Decreto 147/2002 o las Órdenes de 2002, que siguen en vigor pero ya no responden al modelo de escuela inclusiva que recoge la LOMLOE. Hablan de proyectos curriculares, ignoran el DUA y perpetúan un enfoque clínico en la evaluación psicopedagógica.

  • Contradicciones entre normas: por ejemplo, entre lo que plantean las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 sobre medidas inclusivas y lo que permiten las órdenes de escolarización o los decretos de currículo de 2023. No hay una mirada sistémica ni alineada.

  • La figura del maestro de apoyo sigue atada a funciones desfasadas (Orden de 20 de agosto de 2010), sin adaptarse al contexto de codocencia ni al papel de dinamizador de entornos accesibles. No hay ninguna norma que regule el perfil que verdaderamente necesitamos. Este aspecto fue el que recogí con mayor profundidad en mis aportaciones a la cuarta mesa de diálogo y que será analizado en el volumen II de esta publicación.

  • Ausencia de normativa específica sobre el Plan de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial, dejando estos pilares fundamentales de la inclusión en tierra de nadie y sin criterios claros.

  • Falta de reconocimiento normativo de nuevas figuras clave, como el coordinador DUA, y de los tiempos de coordinación que se requieren para que, por ejemplo, la codocencia no dependa de la buena voluntad y del tiempo extralaboral de ambos docentes.

Todo esto dibuja un escenario normativo que impide avanzar y genera barreras contextuales que son, en muchos casos, más limitantes que las dificultades del propio alumnado.

¿Y qué pasa con los recursos?

Otra parte del documento la he querido centrar en lo que ya sabemos y que los docentes gritan a voces: no hay suficiente dotación de profesionales (PT, AL, PTIS…) ni una lógica clara en su asignación. Los recursos humanos están vinculados a censos de alumnado con NEAE, y no al análisis real de las barreras que presentan las aulas. Esto choca directamente con cualquier posibilidad de generalizar la codocencia o de ofrecer apoyos significativos dirigidos a minimizar esas barreras del aula ordinaria, y que facilitaría la presencia, participación y progreso del alumnado NEAE.

Además, he querido señalar un problema de fondo: la falta de voluntad política para financiar una inclusión real. Lo vemos con proyectos como REA DUA, construidos con recursos públicos, con una enorme participación docente y que cuestan 10 veces menos que las licencias editoriales… pero que no tienen visibilidad ni respaldo político suficiente.  ¿Por qué se esconde este Proyecto? ¿Por qué no se le da visibilidad por parte de la administración? Porque la inclusión aún no es una prioridad presupuestaria real, aunque lo sea en el discurso.

Propuestas para avanzar

La propuesta es clara: necesitamos una nueva norma única, clara, actualizada y coherente que sustituya al mosaico normativo actual. Un Decreto de Inclusión que articule todas las medidas, principios y perfiles profesionales que requiere una escuela inclusiva. Y que lo haga desde el conocimiento técnico, sí, pero también desde el respeto a la experiencia de los centros y de las familias.

En esa línea, el documento recoge algunas propuestas específicas:

  • Revisión de los programas de refuerzo que sobrecargan al tutor y refuerzan modelos individualizados poco eficaces.

  • Superación del modelo de adaptación curricular significativa, hacia el concepto de ajustes razonables alineados con el Diseño Universal para el Aprendizaje, más centrado en las barreras del contexto que en el déficit del alumno.

  • Incorporación de programas específicos (atención, funciones ejecutivas, teoría de la mente…)  que puedan ser infusionados dentro del currículo ordinario mediante metodologías adecuadas.

  • Regulación de roles y nuevas figuras: coordinador/a DUA, perfiles de PT/AL con especialización en diseño universal, tecnología accesible, dificultades para la comunicación, etc.

  • Revisión profunda del sistema de formación inicial y permanente, de forma que todo docente se forme obligatoriamente en atención a la diversidad y diseño universal. No podemos seguir asumiendo que este conocimiento sea opcional si realmente queremos avanzar.

Entrevista en Radio

Este pasado miércoles participé en un programa de radio emitido por Radio Onda Capital de Sevilla, invitado por la Asociación Redes, junto con Marina Jiménez – presidenta de la Codapa- y Pepe Segovia -experto en Orientación. En el programa hablamos sobre estas mesas de diálogo y la rueda de prensa para anunciar sus conclusiones que tendrá lugar el próximo viernes 16 de enero.

Os dejo el podcast:

 

Una conclusión personal

Cierro esta entrada como lo hice en mi intervención: no se trata de hacer grandes declaraciones de principios, sino de construir un sistema realista, coherente, formado y acompañado. No estamos hablando de un ideal. Hablamos de lo que ya está en la normativa y de lo que muchas escuelas andaluzas ya están intentando llevar a la práctica con sus propios medios.

Hemos de mirar a otras comunidades que ya han publicado o están trabajando en la publicación de Planes Estratégicos para la Inclusión, y que ya disponen de su normativa de Inclusión. Andalucía se queda a la cola.

Tenemos que volver a ser referentes nacionales en la atención a la diversidad. 

La inclusión no puede seguir dependiendo de la voluntad individual. Necesitamos un marco legal sólido, con recursos y tiempos reales, que permita que esa voluntad se convierta en transformación.